La llamada ley ‘Egalim’ francesa va avanzando y cumpliendo los plazos fijados para su desarrollo. Este año entran en vigor diversas obligaciones respecto a la información relacionada con el suministro sostenible de alimentos, los planes de lucha contra el desperdicio alimentario o la prohibición efectiva de ciertos plásticos como desechables, pajitas, etc. En 2022, la restauración colectiva pública deberá servir al menos el 50% de sus productos con un sello de calidad o certificación ambiental.

A raíz de la conocida alerta sanitaria provocada el pasado mes de agosto por la carne mechada en Andalucía, y que tuvo fatales consecuencias en un gran número de consumidores, en este artículo trataremos un tema muy importante que ha salido a la luz pública, y que seguramente no se estaba teniendo en cuenta hasta la fecha como debería. Nos referimos a la responsabilidad jurídica que tienen, o tenemos, todos los implicados en la cadena alimentaria que elabora y comercializa alimentos.

Como muchos de vosotros ya sabréis, Xavier Marcet abrirá este año el programa del V Congreso de Restauración Colectiva con una conferencia sobre capital humano, motivación y liderazgo en relación, lógicamente, a nuestro sector. Para que le vayáis conociendo un poco mejor, hoy publicamos un artículo suyo en el que hace referencia a la relación de la empresa con sus proveedores y a esa ‘cadena de maltrato’ que a veces se genera y que no beneficia a nadie.

Según el informe 'Los comedores escolares en España. Del diagnóstico a las propuestas de mejora', más del 63% de los centros públicos españoles utiliza servicios externos de catering en los comedores, frente a un 36,4% que tienen cocinas in situ. El estudio recoge datos del curso 2015/2016 y destaca que un 36,4% del alumnado de Educación Infantil y el 29,4% de Primaria realizan la principal comida del día en el colegio.