Todas las empresas a partir de 50 empleados deben contar con un canal de denuncias internas (whistleblowing) para que los trabajadores puedan informar de cualquier infracción normativa o conducta corrupta que hayan detectado en el seno de la organización. El hecho de incumplir dicha obligación puede conllevar multas de hasta un millón de euros.

La restauración colectiva lleva años quejándose de una serie de factores económicos que la mantienen sin margen para mucho. La desindexación, la pandemia, la inflación… todo va sumando y obligando a las empresas a hacer malabares para mantener la calidad de unos servicios que en algunos casos son deficitarios. La subida del SMI, por razonable que pueda ser, ha sido la ‘puntilla’ para algunas empresas que están al borde del colapso. Algo falla, de fondo, y no es la subida de los 80€.

El BOE publicó en diciembre el texto del Real Decreto 1021/2022, por el que se regulan determinados requisitos en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios en establecimientos de comercio al por menor. Hay muchos aspectos interesantes en este nuevo RD, pero no todos afectan de manera directa a nuestro sector. Iván Ludeña, colaborador habitual de nuestro medio, destaca en este artículo los aspectos que afectan más directamente a la restauración colectiva.

Los nuevos criterios de compra pública, la sostenibilidad de los menús, la gestión de residuos o la lucha contra el desperdicio alimentario han sido algunos de los temas clave este año; temas sobre los que se está legislando sin tener en cuenta, en muchas ocasiones, la excepcional situación por la que está pasando el sector… y es que: ‘sin sostenibilidad económica, no hay sostenibilidad ambiental’.