El gobierno elaborará un plan para incorporar criterios ecológicos en la contratación pública

Lunes, 29 de enero 2018

El pasado 12 de enero se aprobó un Real Decreto por el que se crea una comisión interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública. Según el texto aprobado, la comisión colaborará con expertos y acordará la creación de grupos de trabajo. Habrá que estar atentos al desarrollo de la comisión, ya que la alimentación es una cuestión clave en el desarrollo de planes de ‘compras verdes’.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se creará una Comisión Interministerial para incorporar criterios ecológicos en la contratación pública, que estará adscrito al ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. La comisión estará formada por al menos un representante de cada uno de los departamentos ministeriales y pretende garantizar la coordinación de la Administración General del Estado, sus organismos públicos y las entidades gestoras de la Seguridad Social en la incorporación y el uso de criterios ecológicos en la contratación pública.

La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia internacional que busca el crecimiento de forma sostenible y dentro de la que destaca la ‘Agenda 2030’ para el Desarrollo Sostenible, en el que se reconoce que éste es uno de los mayores desafíos del futuro inmediato. Con su adopción, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su puesta en práctica, mediante una responsabilidad común y universal. Cada Estado fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El gobierno recuerda que dentro de la UE la iniciativa tiene vinculación directa con la Estrategia Española de Economía Circular, que se está elaborando en la actualidad y que, entre otras incluye la Contratación Pública Ecológica como elemento fundamental.

A la expectativa

La contratación pública ecológica es una de las demandas ‘históricas’ del sector de la agricultura ‘eco’, sobre todo porque experiencias similares en otros países han supuesto un espaldarazo a los alimentos bio y, en consecuencia, una mejora ambiental.

Representantes de diversas asociaciones y entidades del sector ven positiva la iniciativa del gobierno, confiando en que “los alimentos jueguen un papel fundamental en el plan que se siga y se instauren en hospitales, comedores escolares y otros centros públicos”, según ha declarado a EfeAgro el presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, si biense muestran cautos y a la espera de que les inviten a formar parte de los grupos de trabajo.

Por su parte, Antoni Llorens, presidente de la Federación Española de Asociaciones Dedicadas a la Restauración Social (Feadrs), asegura que “desde la Feadrs, valoramos muy positivamente la creación de esta comisión, dada la necesidad de contribuir a la sostenibilidad económica y medioambiental, uno de los mayores desafíos actuales a nivel mundial. En el ámbito de la restauración social, llevamos ya años trabajando en ese sentido, incorporando productos ecológicos en los menús. Incluir motivos de sostenibilidad en las decisiones de compra se debería ir convirtiendo, poco a poco, en un imperativo. Además, son los propios consumidores quienes, concienciados por la necesidad de seguir una alimentación saludable, demandan, cada vez más, productos ecológicos. Por tanto, las diferentes líneas de negocio de las compañías del sector deberán normalizar esa inclusión en su oferta”.

Esa misma primera valoración positiva la realiza Jorge Hernández desde Mensa Cívica (perteneciente a la Alianza Europea por una Restauración Colectiva Sostenible), aunque hace hincapié en que “lo que hace falta es que ese debate se una al de la sociedad civil y nos llamen a los interlocutores sociales que estamos trabajando en ello desde hace tiempo”.

Hernández concreta además, que “cuando hablamos de sostenibilidad alimentaria, no solo hacemos un llamamiento a consumir alimentos de proximidad o ecológicos, sino a poner en valor cívico, mientras comemos de forma colectiva, asuntos medioambientales graves como son: la calidad de las aguas, las dietas hipercárnicas o de pescado de acuicultura intensiva, el consumo de legumbres, el esfuerzo de las empresas de restauracion colectiva en materia de EMAS (sostenibilidad de la energía y recursos), cambio climático, disminución de la huella ambiental y la compatibilidad de nuestro sistema alimentario con la protección de ecosistemas naturales”.

Por último, Javier Guzmán, director de VSF Justicia Alimentaria Global se ha mostrado expectante hasta conocer el contenido del plan de la comisión y asegura que “aunque a priori es positivo, será clave conocer cómo se va a gestionar. De momento no sabemos nada, ni se ha comunicado nada, lo que denota poca transparencia en la creación de la comisión”.

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