El pasado 27 de febrero se celebró una sesión profesional, promovida por el Foro Profesional de la Restauración Sostenible en una Economía Circular, para trabajar sobre cómo medir la huella de carbono de las empresas de restauración. No sin cierto escepticismo sobre las dificultades de obtener dichos cálculos, en lo que sí estuvieron de acuerdo todos los asistentes es en que es un camino que hay que empezar a recorrer.

La restauración colectiva lleva años quejándose de una serie de factores económicos que la mantienen sin margen para mucho. La desindexación, la pandemia, la inflación… todo va sumando y obligando a las empresas a hacer malabares para mantener la calidad de unos servicios que en algunos casos son deficitarios. La subida del SMI, por razonable que pueda ser, ha sido la ‘puntilla’ para algunas empresas que están al borde del colapso. Algo falla, de fondo, y no es la subida de los 80€.

La ICLEI (Gobiernos Locales por la Sostenibilidad), con el apoyo de diversas entidades y asociaciones internacionales, publicó a finales de año un manifiesto para establecer unas normas mínimas para los comedores públicos de toda la UE; el objetivo es inspirar a la Comisión Europea y a los Estados miembros, así como a las autoridades públicas regionales y locales, con siete propuestas de acción para mejorar la calidad de los alimentos que se sirven en los comedores públicos europeos.

El impacto de la climatología ha generado un descenso en la producción de verduras del 8%, afectando a la mayoría de las categorías, siendo los guisantes, las espinacas, las judías verdes y la cebolla las que han registrado mayores descensos, con caídas que alcanzan hasta el 35%. Este descenso en la producción, unido al aumento generalizado en los costes, está incidiendo en el desarrollo de la industria de vegetales congelados.